Las normas tributarias no siempre cambian mediante una nueva ley. En muchas ocasiones, lo que cambia es la interpretación que realiza la Administración Tributaria sobre una norma ya existente. Ese cambio de criterio puede afectar a operaciones que durante años se habían considerado correctas y que, de un momento a otro, pasan a recibir un tratamiento diferente.

Para una empresa o un autónomo, la consecuencia suele traducirse en liquidaciones complementarias, intereses o incluso sanciones si Hacienda considera que existe una infracción. Sin embargo, cuando el contribuyente actuó siguiendo el asesoramiento de una asesoría fiscal, aparece una segunda cuestión: ¿puede reclamar a su asesor por las consecuencias económicas derivadas de ese cambio de criterio?

Es un escenario mucho más habitual de lo que parece y, sin embargo, apenas se explica desde el punto de vista de la responsabilidad profesional. La respuesta no depende únicamente de que Hacienda haya cambiado de opinión, sino de cómo se prestó el servicio, qué información existía en ese momento y cuál fue la actuación concreta del profesional.

No todos los cambios de criterio generan responsabilidad para la asesoría

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si Hacienda modifica su interpretación y el cliente acaba pagando más impuestos, la asesoría ha cometido necesariamente un error profesional.

No es así.

La normativa tributaria puede admitir distintas interpretaciones hasta que un órgano administrativo o judicial fija un criterio determinado. Mientras esa interpretación no exista o no sea conocida, es posible que diferentes profesionales mantengan posiciones distintas sobre una misma cuestión sin que ello implique una actuación negligente.

Por ejemplo, puede ocurrir que una deducción fiscal se aplique durante años conforme a una interpretación ampliamente aceptada y que, posteriormente, una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos o una sentencia modifique ese enfoque.

En esos casos, el hecho de que el criterio cambie no convierte automáticamente el asesoramiento anterior en incorrecto.

La responsabilidad profesional dependerá de si el asesor actuó conforme a la normativa y a la doctrina existente cuando emitió su recomendación, documentó adecuadamente el riesgo y trasladó al cliente la información necesaria para que pudiera tomar una decisión informada.

El verdadero conflicto aparece cuando el cliente entiende que nadie le avisó

En la práctica, muchas reclamaciones no nacen únicamente por el importe que reclama Hacienda, sino por la percepción del cliente de que nunca fue informado del riesgo que asumía.

Cuando una operación presenta dudas interpretativas, es recomendable que el asesor deje constancia de esa circunstancia y explique las posibles consecuencias de optar por una determinada solución fiscal.

La documentación adquiere aquí una importancia fundamental.

Si la asesoría puede acreditar que informó al cliente sobre la existencia de diferentes interpretaciones o sobre la posibilidad de que Hacienda mantuviera un criterio distinto, la situación cambia considerablemente.

Por el contrario, cuando no existe ningún soporte documental y toda la comunicación se produjo de forma verbal, resulta mucho más complejo demostrar cómo se desarrolló realmente el asesoramiento.

Este aspecto suele adquirir especial relevancia en inspecciones tributarias relacionadas con operaciones de cierta complejidad, reorganizaciones empresariales, incentivos fiscales o determinados gastos cuya deducibilidad ha sido objeto de interpretaciones cambiantes.

La diferencia entre un cambio de criterio y un error profesional

No todo ajuste practicado por Hacienda responde a un cambio interpretativo.

En ocasiones, la regularización se produce porque existía un incumplimiento objetivo de la normativa: una declaración presentada fuera de plazo, un cálculo incorrecto, una deducción aplicada sin cumplir los requisitos legales o la omisión de una obligación tributaria.

En estos supuestos sí puede existir un error profesional susceptible de generar responsabilidad.

Sin embargo, cuando el origen del conflicto reside en una modificación posterior de la interpretación administrativa, la valoración cambia.

Resulta necesario analizar cuestiones como:

• Qué criterio existía cuando se prestó el asesoramiento.
• Si la interpretación seguida era razonable y estaba respaldada por doctrina o resoluciones disponibles.
• Si el cliente fue informado de la existencia de incertidumbre jurídica.
• Si la asesoría revisó la situación cuando el nuevo criterio comenzó a consolidarse.

La diferencia entre ambos escenarios puede resultar determinante tanto para resolver una reclamación como para valorar la posible intervención del seguro de responsabilidad civil profesional.

¿Qué papel tiene el seguro de responsabilidad civil profesional?

Cuando un cliente reclama una indemnización a una asesoría fiscal, una de las primeras cuestiones consiste en analizar si el supuesto puede quedar amparado por el seguro de responsabilidad civil profesional.

Conviene recordar que estas pólizas no cubren cualquier perjuicio económico sufrido por un cliente.

Su finalidad consiste en proteger al profesional frente a reclamaciones derivadas de errores, omisiones o negligencias cometidas durante el ejercicio de su actividad y siempre dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato de seguro.

Por ello, el simple hecho de que Hacienda haya modificado un criterio no implica automáticamente la existencia de un siniestro cubierto.

Será necesario estudiar el origen de la reclamación, determinar si realmente existió un incumplimiento profesional y comprobar qué establecen las condiciones de la póliza respecto al tipo de actuación realizada.

En determinadas situaciones también puede resultar relevante el momento en que se formuló la reclamación y la fecha en la que se produjo el asesoramiento, especialmente en pólizas estructuradas bajo el sistema claims made.

Anticiparse a los cambios reduce el riesgo de reclamaciones

La evolución constante de la normativa tributaria obliga a las asesorías a mantener una actualización permanente de conocimientos.

Sin embargo, esa actualización no consiste únicamente en conocer nuevas leyes.

También implica realizar un seguimiento continuo de consultas vinculantes, resoluciones administrativas, doctrina de los tribunales económico-administrativos y pronunciamientos judiciales que puedan modificar la interpretación de determinadas operaciones.

Igualmente importante resulta revisar periódicamente situaciones de clientes cuya planificación fiscal se apoyó en criterios que posteriormente hayan evolucionado.

En algunos casos puede ser aconsejable comunicar los cambios al cliente y valorar si resulta conveniente adaptar futuras actuaciones para minimizar riesgos.

Esta labor preventiva reduce considerablemente la posibilidad de conflictos y demuestra una actuación diligente por parte del profesional.

La comunicación con el cliente puede evitar muchos conflictos

Desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, uno de los activos más importantes de una asesoría no es únicamente su conocimiento técnico, sino la calidad de su comunicación con el cliente.

Explicar que una determinada interpretación presenta incertidumbre jurídica, documentar las recomendaciones y dejar constancia de las decisiones adoptadas proporciona seguridad a ambas partes.

Además, permite diferenciar claramente aquellos supuestos en los que el cliente asumió conscientemente un determinado riesgo fiscal de aquellos en los que existió un verdadero error profesional.

En un entorno donde los criterios administrativos evolucionan constantemente, esta transparencia se convierte en una herramienta esencial tanto para prevenir reclamaciones como para facilitar la gestión de un eventual siniestro.

Preguntas frecuentes sobre los cambios de criterio de Hacienda

¿Un cambio de criterio de Hacienda significa que la asesoría actuó mal?

No necesariamente. Es posible que el asesoramiento fuera correcto conforme a la normativa y la interpretación existente cuando se prestó el servicio.

¿Puede un cliente reclamar a su asesor si Hacienda regulariza una declaración?

Sí, puede presentar una reclamación, aunque su viabilidad dependerá de si existió realmente un error profesional o simplemente una modificación posterior del criterio administrativo.

¿El seguro de responsabilidad civil profesional cubre cualquier reclamación del cliente?

No. La cobertura dependerá de las circunstancias concretas del caso y de las condiciones de la póliza contratada.

¿Es recomendable documentar las recomendaciones fiscales?

Sí. Dejar constancia escrita de las opciones planteadas y de los riesgos asociados facilita la defensa del profesional si posteriormente surge una reclamación.

¿Las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos pueden modificar la interpretación de una norma?

Sí. Las consultas vinculantes constituyen una referencia importante para interpretar la normativa tributaria, aunque su alcance jurídico depende del supuesto concreto y de la normativa aplicable.

¿Qué puede hacer una asesoría para reducir este tipo de riesgos?

Mantener una actualización continua de los criterios administrativos y judiciales, revisar periódicamente determinadas operaciones y documentar adecuadamente la comunicación con el cliente.

La prevención también forma parte del asesoramiento

Los cambios de criterio de Hacienda seguirán produciéndose porque forman parte de la evolución normal del sistema tributario. Lo realmente importante no es evitar que existan nuevas interpretaciones, sino gestionar adecuadamente el riesgo que generan para clientes y profesionales.

Una asesoría que documenta sus recomendaciones, informa de la existencia de posibles incertidumbres jurídicas y revisa periódicamente las situaciones que pueden verse afectadas por nuevos criterios reduce considerablemente la posibilidad de reclamaciones y fortalece la confianza de sus clientes.

En Acodrid ayudamos a asesorías, despachos profesionales y consultoras a revisar sus riesgos de responsabilidad civil profesional, adaptando sus seguros a la realidad de su actividad y ofreciendo la tranquilidad necesaria para afrontar con seguridad un entorno normativo en constante evolución.