Una startup que gestiona bases de datos de clientes suele apoyarse en plugins y herramientas de terceros: sistemas de autenticación, CRM conectados, extensiones de seguridad o módulos de análisis. Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos complementos falla y provoca una pérdida masiva de datos?
En un escenario así, la línea entre la responsabilidad del desarrollador del plugin y la de la startup que lo utiliza se vuelve difusa.
Y mientras las reclamaciones llegan —de usuarios, inversores o incluso de la AEPD—, surge la pregunta clave: ¿quién responde realmente por el incidente?
Fallo en un plugin: un riesgo más común de lo que parece
En el ecosistema de las startups digitales, los plugins y APIs de terceros son herramientas esenciales para escalar rápido. Sin embargo, también representan un punto crítico de vulnerabilidad.
Según un informe de Snyk (2024), el 62 % de las brechas en plataformas SaaS provienen de integraciones externas.
Cuando un fallo en un plugin expone o borra datos personales, el responsable directo ante los usuarios —según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)— es el responsable del tratamiento, es decir, la empresa que decide cómo y para qué se usan los datos.
Por tanto, aunque el error técnico sea de un tercero, la startup sigue siendo la primera responsable de la pérdida.
El proveedor del plugin podría ser corresponsable o encargado del tratamiento, pero solo si existe un contrato que regule esa relación y defina obligaciones de seguridad. En la práctica, muchas startups omiten ese paso y terminan asumiendo toda la carga legal y económica.
¿Qué implica legalmente una pérdida de datos?
La pérdida o filtración de datos personales se considera una violación de seguridad de datos personales (art. 4.12 RGPD).
Esto incluye no solo accesos no autorizados, sino también borrados accidentales o caídas del sistema que impidan acceder a la información.
En esos casos, la startup debe:
- Notificar a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas desde que tiene conocimiento del incidente.
- Informar a los usuarios afectados si existe riesgo para sus derechos o libertades.
- Documentar las medidas técnicas y organizativas aplicadas para contener el daño.
El incumplimiento de estos plazos puede conllevar sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio anual, incluso si el fallo fue externo.
En resumen: aunque el error lo cause un proveedor, la responsabilidad por el tratamiento de datos nunca se externaliza completamente.
¿Cuándo puede reclamarse al proveedor del plugin?
El proveedor del plugin podría ser responsable si se demuestra una deficiencia en el producto o un incumplimiento contractual.
Sin embargo, la startup deberá probar tres elementos:
- Que el fallo técnico provino del plugin, no de un uso indebido.
- Que existía una relación contractual o de licencia con cláusulas de garantía.
- Que la pérdida de datos y los daños económicos derivan directamente de ese fallo.
En la práctica, la mayoría de licencias de software (EULA o TOS) incluyen cláusulas de limitación de responsabilidad que eximen al desarrollador de casi cualquier consecuencia indirecta.
Frases como “el proveedor no se hace responsable de pérdidas de datos o interrupciones del servicio” son habituales.
Por ello, la vía contractual suele tener éxito limitado salvo que se trate de un plugin desarrollado a medida o con garantía explícita de integridad.
¿Qué cubre el seguro de ciberresponsabilidad en estos casos?
Las pólizas de ciberriesgos o ciberresponsabilidad están diseñadas para proteger precisamente este tipo de situaciones.
Casi todas contemplan coberturas para:
- Gastos de respuesta y contención del incidente: peritaje forense, restauración de sistemas, notificación a afectados.
- Responsabilidad frente a terceros: indemnizaciones a clientes por pérdida de datos o daños reputacionales.
- Sanciones administrativas cubribles (cuando son asegurables en derecho español, bajo determinados supuestos).
- Pérdida de beneficios derivada de la interrupción del servicio.
La aseguradora puede cubrir el daño incluso si el fallo lo originó un tercero, siempre que el asegurado no haya actuado con negligencia.
Si la empresa carecía de medidas básicas de seguridad o no había evaluado al proveedor del plugin, la aseguradora podría negarse a pagar alegando culpa in vigilando (falta de control).
¿Cómo determinar quién responde: startup, proveedor o aseguradora?
Para distribuir la responsabilidad tras un incidente de este tipo, hay que analizar tres niveles:
- Responsabilidad legal (RGPD): recae sobre la startup como responsable del tratamiento.
- Responsabilidad contractual: puede recaer sobre el proveedor si incumple los términos de prestación del servicio.
- Responsabilidad aseguradora: depende del alcance y límites de la póliza de ciberriesgos contratada.
En ocasiones, las tres vías se combinan. La startup puede indemnizar a sus clientes mediante su seguro, y luego la aseguradora ejercer acción de repetición contra el proveedor si se demuestra su culpa.
Por eso es crucial que la póliza contemple el derecho de subrogación y no limite la cobertura solo a fallos “internos”.
Errores frecuentes de las startups en la gestión de estos incidentes
Los fallos más habituales que agravan la situación y complican la cobertura son:
- No disponer de un registro actualizado de encargados de tratamiento (proveedores con acceso a datos).
- Usar plugins sin verificar su origen o certificaciones de seguridad.
- No formalizar contratos de encargo de tratamiento.
- Retrasar la notificación del incidente por miedo reputacional.
- No conservar evidencias técnicas del fallo.
Estos errores, además de aumentar las sanciones, pueden dejar sin efecto la cobertura del seguro.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Puedo reclamar al desarrollador del plugin por daños?
Sí, pero solo si hay una relación contractual directa o un defecto demostrable en el producto. La mayoría de licencias de uso limitan su responsabilidad.
¿Qué ocurre si el fallo borra datos sin que exista fuga?
También se considera violación de seguridad bajo el RGPD, y debe notificarse si impide acceder o recuperar la información.
¿Cuánto tiempo hay para notificar el incidente?
Se debe notificar hasta 72 horas desde que se tiene conocimiento, tanto a la AEPD como, en su caso, a los usuarios afectados.
¿Puede la aseguradora negarse a cubrir por no avisar a tiempo?
Sí. La mayoría de pólizas exigen comunicación inmediata o dentro de un plazo determinado, bajo pena de pérdida de derechos.
¿Es posible que la startup y el proveedor compartan responsabilidad?
Sí. El proveedor puede ser corresponsable si participa activamente en el tratamiento de datos y se prueba su fallo técnico.
¿Qué documentación se debe conservar?
Registros de logs, informes forenses, copia de las notificaciones enviadas y comunicaciones con el proveedor. Todo sirve como prueba de diligencia.
¿Cómo prevenir responsabilidades en el uso de plugins?
No existe startup libre de riesgo, pero sí empresas mejor preparadas. Algunas buenas prácticas son:
- Auditar y actualizar los plugins y dependencias con regularidad.
- Firmar contratos de encargo de tratamiento con todos los proveedores que accedan a datos personales.
- Mantener copias de seguridad en servidores independientes.
- Incluir cláusulas de responsabilidad técnica en los contratos con desarrolladores externos.
- Contratar un seguro de ciberriesgo que cubra tanto daños propios como reclamaciones de terceros.
La diligencia previa y la documentación son la mejor defensa ante un incidente de pérdida de datos.
Conclusión
Cuando una startup pierde datos de usuarios por el fallo de un plugin, el error técnico puede ser ajeno, pero la culpa legal y económica recae principalmente sobre quien controla los datos.
Las obligaciones del RGPD no se delegan: el responsable sigue siendo la empresa que decidió usar ese complemento.
La cobertura del seguro y la posibilidad de repetir contra el proveedor dependen del grado de control y de las pruebas disponibles. Por eso, cada integración tecnológica debe evaluarse como lo que es: un riesgo contractual y de ciberseguridad.
En Acodrid, ayudamos a startups y empresas tecnológicas a revisar sus pólizas de ciberriesgos, contratos con proveedores y planes de respuesta ante incidentes, para que un fallo externo no se convierta en una crisis interna sin cobertura.
